Por Eduardo Fernández Luiña
La Elección Pública (Public Choice en inglés) nace como un enfoque a medio camino entre la Economía y la Ciencia Política con objeto de mejorar nuestro conocimiento sobre el funcionamiento del Estado y los incentivos (muchas veces perversos) que existen alrededor de las políticas públicas.
En esencia, podemos afirmar que esta disciplina es resultado de una triple reacción. En primer lugar, a las dudas frente al enfoque jurídico. Son muchos quiénes consideran que a través de la ley y del derecho positivo se resuelven problemas de naturaleza social. La fe ciega en la legislación representa un problema para los intelectuales comprometidos con el desarrollo de la Elección Pública. Estos piensan que la ley es, en todo caso, parte de la política pública pero no la política pública en su totalidad. El papel lo guanta todo, pero son muchas las leyes que han salido del horno y no han sido capaces de cumplir los objetivos que ellas mismas establecían, distorsionando con ello el ambiente social y la comprensión del problema que se pretendía resolver.
Pero la reacción que explica el nacimiento de la Elección Pública no queda ahí. Los autores estadounidenses que proponen esta nueva óptica para estudiar los problemas políticos y sociales también responden a la disciplina de la Ciencia de la Administración. La burocracia ha sido considerada desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX como una máquina humana y material al servicio de los tomadores de decisión. Esto no es del todo cierto. La Elección Pública, influida por los hacendistas inalianos de mediados del siglo XX, observa que muchas veces las opiniones, y sobre todo las acciones, de los burócratas no convergen con aquello que emana de los tomadores de decisión. Estos responden a lógicas propias. La Administración Pública tiene sus propias preferencias y objetivos, y en algunas situaciones, estas preferencias y objetivos no son compatibles con las decisiones que se toman desde los Ejecutivos. Lo anterior, convierte a la Administración Pública en un grupo de presión que participa del juego político como cualquier otra minoría organizada y que no responde a eso que denominamos «interés general».
Por último, pero no menos importante, la Elección Pública reacciona contra la escuela de la Economía del Bienestar. Autores como Arthur Pigou, William Baumol o Francis Bator se centraron en las fallas de mercado con ánimo de justificar la intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Por el contrario, los autores de la Elección Pública piensan de manera inversa, centrando su análisis en el funcionamiento del Estado con objeto de enumerar las fallas del intervencionismo. Desde su punto de vista, el mercado es más fiable que el Estado a la hora de enfrentar la provisión de distintos servicios de carácter social.
Durante los últimos sesenta años, la Elección Pública ha contribuido a mejorar nuestra comprensión sobre el funcionamiento del Estado y los problemas que el intervencionismo posee. Con base en la amplia literatura generada por este enfoque, han sido muchas y muy variadas las contribuciones. Son al menos tres los aportes que podemos enumerar.
La búsqueda de rentas quizás sea la más relevante. James Buchanan, y sobre todo Gordon Tullock, han dedicado mucho tiempo a estudiar las acciones que ponen en práctica distintas minorías organizadas. El objetivo para todas ellas es el mismo: «usar al gobierno para obtener beneficios induciendo reformas políticas» (Randall Holcombe, 2016). El juego de la búsqueda de rentas forma parte de la dinámica política en todos los niveles. Son muchos los actores que presionan al tomador de decisión para obtener un beneficio de carácter regulatorio o monetario (a través de un subsidio u otro instrumento) sin soportar los costes. Así, lo que los buscadores de rentas desean es concentrar beneficios (obtener esa renta, del tipo que sea) diluyendo el coste a espaldas de la mayoría desorganizada, esto es, de los contribuyentes, sin agregar nada a la producción total de la Economía.
El segundo aporte tiene que ver con la captura regulatoria. Consiste en que una minoría organizada ejerce una influencia desmedida e injustificada en una decisión legislativa con ánimo de obtener una regulación a la carta: una ley o una serie de leyes que beneficien la posición de esa minoría(s) organizada(s) en el interior del sistema o que perjudiquen la de su competencia. Las leyes que favorecen el proteccionismo comercial y que edifican monopolios son ejemplos de lo anterior. En algunos países, y durante algún tiempo, incluso hemos visto leyes con nombres y apellidos. Como se puede suponer, en un entorno de captura regulatoria, la libre competencia brilla por su ausencia, beneficiando al productor del servicio a costa del consumidor, que deberá pagar más por un peor servicio. En cierto sentido, la captura regulatoria es otra forma más de concentrar beneficios diluyendo los costes.
Al final la prohibición resulta de la presión formal (o informal) que estos grupos ejercen sobre los tomadores de decisión, y el resultado es siempre perverso, favoreciendo el desarrollo de mercados negros que reducen la calidad del producto afectando drásticamente, de nuevo, a la parte más desorganizada, los consumidores.
Por último, el famoso caso de los contrabandistas y bautistas (bootleggers and baptists en inglés) de Adam Smith y Bruce Yandle. Estos autores señalan que muchas veces la política pública es resultado de una asociación inconsciente, indirecta, entre contrabandistas y bautistas. Sobre todo en cuestiones de carácter moral o de libertades personales, la proscripción resulta de una alianza informal entre personas que se lucran en el mercado ilícito (los contrabandistas) y organizaciones conservadoras (los bautistas) que defienden la prohibición siendo conscientes de los efectos perversos que el uso de determinadas sustancias o el desarrollo de determinadas prácticas tienen para la comunidad. En otras palabras, la política produce extraños compañeros de cama.
El caso de las drogas sirve de ejemplo para desarrollar este punto. Cuando hablamos sobre la producción, venta y consumo de drogas son dos los grupos que pujan activamente por su prohibición. Por un lado, loas conservadores, conscientes de que las drogas tienen efectos perversos para la salud de las personas. Y, por el otro, aquellos que se lucran del negocio ilítico, sean productores o traficantes, dado que saben que la legalización provocará que su negocio se vaya al traste gracias a la libre competencia. Al final la prohibición resulta de la presión formal (o informal) que estos grupos ejercen sobre los tomadores de decisión, y el resultado es siempre perverso, favoreciendo el desarrollo de mercados negros que reducen la calidad del producto afectando drásticamente, de nuevo, a la parte más desorganizada, los consumidores.
Después de más de 60 años de desarrollo, la Elección Racional no ha perdido utilidad a la hora de analizar distintos procesos sociales y mejorar la comprensión sobre la vida política.